El anuncio presidencial generó dudas. Las organizaciones de la producción reclaman cambios y aclaraciones sobre el programa oficial agropecuario.

Luego de su espectacular lanzamiento, realizado anteayer en Tecnópolis, el Plan Estratégico Agropecuario (PEA) sigue generando dudas y reclamos por buena parte de las cámaras y organizaciones vinculadas con la producción agroindustrial. Básicamente se centran en falta de precisiones sobre medidas concretas como retenciones.

“Es muy positivo el hecho de que se esté pensando en un plan a largo plazo y con la participación de las universidades, pero creemos que hay temas que deberían corregirse”, opinó Miguel Calvo, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), entidad que participó en las reuniones del PEA.

Retenciones

“Le planteamos al Gobierno que el actual sistema tributario aplicado al campo es incorrecto y que debe modificarse, y que eso no puede quedar afuera de una planificación a diez años. Las retenciones son un impuesto inequitativo y riesgoso porque termina confiscando capital a los productores”, alertó Calvo.

Exportaciones

“Nadie puede disentir del objetivo del PEA de aumentar la producción agrícola, pero para eso necesitamos que se den ciertas condiciones que en el plan no están por el momento incluidas: que se pueda exportar, poder estar presentes en los mercados internacionales, poder acceder al desarrollo tecnológico y tener mercados transparentes y abiertos”, explicó Santiago del Solar, presidente de la Asociación Maíz Argentino (Maizar).

Intervención o inversión

Las críticas más fuertes al plan salieron de las entidades gremiales, que manifestaron dudas sobre la posibilidad de aplicar el plan en un contexto de intervención en los mercados. “Para llegar a las metas de las que habla el PEA hacen falta inversiones que no se darán en el contexto político actual”, señaló Hugo Luis Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Concentración

Biolcati destacó que todos en el sector quieren que haya más producción, pero con más agricultores. “Todos queremos una agricultura con más productores, pero con esta política hay una concentración cada vez mayor, y no se habla de esto en el plan”, destacó Biolcati.

Inclusión

En este mismo sentido, se expresó la Federación Agraria Argentina (FAA), que criticó el tono “productivista” del PEA. “Nos preocupa el contenido productivista de los anuncios. Se habla de aumentar la producción, pero no se nombra cuántos productores van a ser los protagonistas de ese proceso. Por el camino actual, podremos llegar a los 160 millones de toneladas, pero miles de productores quedaremos en el camino”, resaltó FAA. “Si no se define claramente cuál va a ser el sujeto agrario de la próxima etapa, un puñado de pools de siembra y grandes empresas se quedarán con la renta del campo”, destacaron mediante un comunicado en la entidad que preside Eduardo Buzzi.

¿Cómo crecer?

En tanto, Juan Goya, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo que lo primero que debe hacer el PEA es clarificar la situación del comercio granario, fuertemente intervenido. “Sinceremos la realidad como el primer paso para poder cambiarla. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la comercialización de los granos si queremos aumentar la producción?”, explicó Goya.

En un tono similar habló el diputado provincial de Buenos Aires (Unión por Todos) y ruralista Jorge Srodek. “Hay problemas para comercializar, para exportar y el sector no encuentra financiamiento. Teniendo en cuenta esta realidad, los objetivos propuestos por el Gobierno en el plan parecen inviables”, dijo Srodek.

Por otro lado, si bien destacaron la importancia de que el Gobierno haya convocado a todos los sectores a debatir, algunas organizaciones objetaron que el PEA hable de la expansión de la producción sin mencionar el papel de los productores o la sustentabilidad.

Consecuencias negativas

“El PEA es un paso importante, porque el Estado se plantea planificar y tomar decisiones sobre el uso del suelo y el modelo agropecuario, y habla del rol estratégico de la agricultura familiar en la soberanía alimentaria”, destacó Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indí-gena (MNCI), que agrupa a 20.000 familias de pequeños agricultores. Sin embargo, Montón cuestionó el énfasis que pone el PEA en la multiplicación de la producción de granos, “porque ello implicaría más desalojos de campesinos, más deforestación de bosques, más contaminación con agroquímicos y destrucción de los suelos”. Para el MNCI, el PEA debería propender a “fortalecer la agricultura campesina y ecológica”.

En una línea similar, en la ONG ecologista Los Verdes dijeron que el objetivo de aumentar la producción del plan oficial pone en serio riesgo la supervivencia del bosque chaqueño.

“El plan busca aumentar la producción a 160 millones de toneladas: eso requerirá tierras que se conseguirán avanzando sobre el bosque”, advirtió Juan Carlos Villalonga, coordinador de la ONG. Si se cumplen los objetivos del PEA, dijo Villalonga, estaría en riesgo entre el 25 y el 100% del bosque chaqueño. “En este contexto la ley de bosques no impedirá que la agricultura avance sobre suelo forestal”, opinó.

Con información de La Nación

La Sociedad Rural Rosario (SRR) denunció que un productor comenzó los trámites para la devolución de las retenciones de trigo por la cosecha 2009-2010, a principios del año pasado, y aún no ha tenido respuesta. Desde la entidad afirman no entienden los motivos de la demora, ya que “el productor estaba totalmente en regla”.

Postergar eternamente

“En marzo de 2010 presentó los papeles en la oficina de la ONCCA Rosario para recibir el reintegro de las retenciones de trigo: $187 por tonelada. En ese momento, hace ya un año atrás, le recibieron la documentación y le dijeron que dentro de los 60 días iba a tener depositado el importe en el CBU informado”, cuentan desde la entidad agropecuaria y estiman que, “en el mes de mayo debería haber contado con el dinero correspondiente a su reintegro”.

En abril salió una resolución de la ONCCA en la cual le pedían que presente una nueva documentación para informar nuevamente el CBU en donde iban a realizar el depósito.

“En junio presentó los nuevos papeles para completar los ya presentados que pedían cuando se reglamentó la resolución. Nuevamente le dijeron que dentro de los 60 días iba a recibir el depósito. Es decir, ahora tenía como próxima fecha de cobro el mes de agosto”.

“Todos los trámites nuevos que pedían implicaban hojas y hojas con información ya presentada y con las correspondientes firmas certificadas por escribano o banco. Esto implicó disponer de mucho tiempo para responder a estos trámites engorrosos y poco prácticos para los productores y por supuesto, mayores gastos”.

Trabas en el Ministerio de Agricultura

“En el mes de octubre viajó a Bs. As. al Ministerio de Agricultura de la Nación, revisaron sus papeles y se le informó que estaban trabados porque la mitad de los papeles se habían perdido en el camino. Sí, se habían “perdido”, ese fue el argumento. Como había llevado copia de todo, comenzó nuevamente con los trámites. Le informaron que los iban a mandar a AFIP y una vez aprobado por esa oficina, cobraría el depósito”.

Sin respuesta

“Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre llamó reiteradamente al ministerio y le respondían que aún seguía trabado en AFIP, sin explicarle el por qué. Ni en la propia AFIP sabían las razones de este impedimento. A partir de diciembre no le atendieron más el teléfono”.

Envío a Santa Fe

“En febrero de 2011 llamó nuevamente al ministerio y le informaron que habían pasado fondos a la provincia de Santa Fe para que los distribuya entre los productores que no fueron aprobados por AFIP, claro sin darle explicación de por qué no fue aceptada pese a tener toda la documentación y su situación legal en orden. La buena noticia que le dijeron fue que le iban a pagar la totalidad de toneladas ya que las suyas eran menos de 100”.

Por otro lado, la Cláusula Segunda del acuerdo firmado entre el Ministerio de Agricultura de la Nación y el Ministerio de la producción de la provincia de Santa Fe sostienen que “la Provincia asistirá a los productores incluidos en el listado que se adjunta como anexo al presente, con un aporte No Reintegrable de hasta $130,90 por cada tonelada de trigo cosechada en la campaña 2009/2010 y hasta el máximo de 800 toneladas”.

Descuento

Sin embargo, y pese a la información brindada por el Ministerio de Agricultura de que cobraría por el total de sus toneladas ya que eran menos de 100 y al acta acuerdo firmada entre los Ministerios de pagar a los productores $130 por toneladas, el reintegro prometido contempla sólo $99,63 por toneladas, sin saber por qué ese importante descuento y dónde queda esa diferencia.

Sin fecha

Paralelamente, la entidad recuerda que “ya debería contar con una fecha precisa de cobro de acuerdo a lo anunciado (personas físicas desde el día 14 de febrero al 28, jurídicas en marzo), pero esto aún no sucedió”.

En otro de los casos, productores también relacionados a la SRR que debían recibir las devoluciones de retenciones de trigo sobre 300 tonelada, le informaron que cobrarían $73.96 por tonelada, un mayor descuento al ya realizado originalmente: de los $187 que en verdad deberían cobrar los productores, se descontó a $130.90 en el mencionado acuerdo entre ministerios y a la vez esa cifra derivó en los $73.96 por tonelada, en este caso.

Promesas incumplidas

Es por ello que desde la SRR, denuncian por comunicado: “el Gobierno Nacional aún no conforme con la intervención, cierre de las exportaciones y con las retenciones, prometen reintegros y devoluciones que como hemos visto luego no cumplen y lo hacen transitar al productor por una serie de trámites inconducentes, padeciendo una gran pérdida de tiempo y como resultado nuevas frustraciones. Con sus falsas promesas tratan de engañar y dividir a los productores, prometiendo reintegros o subsidios para productores chicos o medianos, cuando sabemos de antemano que ni siquiera tienen la intención de concretarlo. Asignan partidas que se efectivizan parcialmente y de las cuales no se puede saber con claridad a quién se le otorgó y porqué”.

Con información de Punto Biz

La agrupación ruralista se reunirá hoy en Rosario y podría decidir nuevas medidas dado que “pasa el tiempo y las políticas no se corrigen”, según el dirigente Eduardo Buzzi.

Reintegro de retenciones

Buzzi recordó que hace un año la presidente Cristina Fernández anunció el reintegro de retenciones para los pequeños productores pero que jamás se concretó. No descartó que, pese a las diferencias, la Mesa de Enlace se sume a una eventual medida de fuerza.

“La presidenta, en septiembre del año pasado, anunció que se reintegrarían las retenciones a pequeños productores. Hace ya un año y no ha cumplido”, se quejó, en diálogo con la televisión de Rosario. En este marco, admitió que en la reunión de hoy podría definirse una medida de protesta. “De algún modo hay que llamar la atención”, consideró. “No podemos permitir que se les siga faltando el respeto a los productores”, acotó.

“Fuimos respetuosos de su dolor”, subrayó el dirigente, en alusión a la presidenta y la reciente muerte de Néstor Kirchner. “Pero pasa el tiempo y las políticas no se corrigen”, lamentó.

Transferencia de productores

En el curso de la entrevista, Buzzi recordó, además, que se ha consolidado “el modelo de transferencia de productores a los grupos más concentrados” y que esto ya se considera como “algo normal”.

El titular de FAA explicó que los exportadores “compran barato en mercado interno y venden muy bien el mercado externo”.

Posteriormente, Buzzi insistió en señalar que “el buen precio a los productores no les llega, se lo quedan los exportadores”.

Según el dirigente santafesino, el ministro de Agricultura “Julián Domínguez no logra imponerse ante un personaje perverso como es el señor (secretario de Comercio Guillermo) Moreno y la presidenta lo habilita”.

Medida de fuerza

La Mesa de Enlace Agropecuaria volverá a reunirse a mediados de esta semana, con la asistencia confirmada de Buzzi, para tratar la problemática del trigo y acercar posiciones entre los dirigentes que integran esa agrupación ruralista. Al respecto, el dirigente adelantó que de definirse hoy una medida de fuerza “se va a sugerir” al resto de las entidades que adhieran, pero aseguró que hay que ser “prudentes” a la hora de hablar de posibles medidas conjuntas.

Con información de La Nación

Al caer los precios de la exportación de aceite, bajaron los ingresos al fisco. En los primeros 7 meses de 2010 esas retenciones representaban el 52% del total recaudado.

Durante los primeros siete meses de 2010 el complejo soja aportó al fisco 3.362,3 millones de dólares en materia de derechos de exportación. Dicho monto llevado a moneda local representa unos 13.111 millones de pesos y nada menos que el 52% del total recaudado por retenciones hasta el pasado 31 de julio.

Pero siguiendo los datos publicados ayer por el INDEC sobre comercio exterior queda claro el espectacular aporte realizado este año por las ventas externas de poroto de soja que en materia de retenciones crecieron un 158% sobre el nivel registrado entre enero y julio de 2009.

Más aun, el espectacular comportamiento del cultivo y la agroindustria asociada a la oleaginosa, incluido el biodiesel, totalizó ventas al mundo por 10.446 millones de dólares. Estas exportaciones representaron este año el 27% del total del valor exportado al mundo desde la Argentina.

Pero mientras las exportaciones de poroto aumentaron en valor en más de 2.000 millones de dólares, las exportaciones de sus derivados como harina y pellets estuvieron por debajo de las ventas realizadas el año pasado, con unos 550 millones de dólares.

En cambio el valor del aceite de soja exportado en 2009 que alcanzó los 2.067 millones de dólares, fue similar a los 2.043 millones vendidos en el año en curso, a pesar de las complicaciones que hubo por las colocaciones a China.

Pero si se mira el vaso medio lleno, podría decirse que este año las exportaciones de aceite también fueron más voluminosas si se computa el producto que se embarcó como biodiesel, y que totaliza en siete meses 674 millones de dólares, un 58% más que el año anterior.

Entre todos estos productos sumaron retenciones que representan más de la mitad de los 25.204 millones de pesos que recaudó la AFIP en los puertos por derechos de exportación.

En total las exportaciones argentinas sumaron en siete meses 38.298 millones de dólares, de las cuales 9.560 millones correspondieron al sector primario. Ello significó una suba interanual del 19% en las exportaciones totales, y del 58% en las exportaciones fundamentalmente provenientes del campo.

Con información de Punto Biz

Los opositores impulsan una resolución en el Congreso en la que le advertirá que ya no podrá utilizar para la gestión las más de 200 leyes con facultades legislativas vigentes, ya que éstas caducan hoy y no habrá una nueva prórroga, si bien hasta que el Congreso dicte otras leyes, seguirán en vigencia las disposiciones del Ejecutivo.

Con este proyecto de resolución, la oposición pretende dejar explícito que a partir de hoy el Congreso asume todas las facultades que, de 1853 a 1994, le había delegado al Poder Ejecutivo.

La intención es que esta resolución prospere en ambas cámaras parlamentarias; para ello habrá hoy una reunión entre diputados y senadores de la oposición para acordar una estrategia común.

Las 30 leyes clave

De las 200 leyes con delegaciones legislativas vigentes, la oposición detectó una treintena de normas que resultan clave para la gestión. En el paquete figuran, por caso, la ley de abastecimiento -que utiliza el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para condicionar a las empresas-; la de emergencia económica; la de reforma del Estado; el Código de Procedimiento Tributario; la de entidades financieras, y la más resonante, la del Código Aduanero, que fija los derechos de exportación e importación de innumerables productos, entre ellos los del agro.

La decisión de asumir plenamente todas estas facultades se terminó de definir ayer, durante una reunión en el despacho del diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR). Allí, los diputados Graciela Camaño (bloque Peronista), Paula Bertol (Pro), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Mónica Fein (socialismo) y Gerardo Millman (Gen) debatieron sobre las consecuencias que podría provocar en la gestión el vacío jurídico que se generará con la caducidad de estas delegaciones legislativas.

Primó, al final, la línea más dura que alentaba Camaño: advertir al Poder Ejecutivo, vía resolución, que ya no podrá utilizar más esas delegaciones.

Asimismo, se propone crear por ley una comisión bicameral para adecuar toda la legislación con delegaciones a esta nueva premisa, es decir que el Congreso retomará las facultades.

Por su parte, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó ayer un nuevo proyecto de Código Aduanero, y también una propuesta para derogar la ley de abastecimiento, dos de las normas incluidas en el paquete con facultades delegadas.

Además, adelantó que presentará ante la Justicia una acción declarativa de certeza para que se expida sobre la suerte de las delegaciones legislativas.

Retenciones

Entre las atribuciones que el Congreso le había cedido al Poder Ejecutivo figura la de fijar las retenciones al campo. Como esa facultad también caduca hoy, la oposición presentará hoy al menos dos dictámenes para dejar sin efecto las alícuotas vigentes.

Debate en comisión

La discusión se dará hoy en el plenario de las comisiones de Agricultura y de Economía, donde se espera un debate agitado por las diferencias que persisten entre los opositores.
Las posturas en pugna se sintetizan en dos. La UCR, en la voz del presidente de la Comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile (UCR), junto con el Peronismo Federal, Pro y Gen, propicia la rebaja a cero en las alícuotas de todos los cultivos (sorgo, girasol, trigo, productos de la economía regional) salvo la soja y el maíz. Este debate será crucial para la unidad de la Comisión de Enlace.

Así, las retenciones se rebajarían del 35 al 30% en el caso de la soja y del 20 al 10% en el caso del maíz. Para estos dos cultivos se aplicaría un esquema de segmentación, que rondaría las 500 toneladas en el caso de la soja y las 1200 toneladas para el maíz.

Por otro lado, el socialismo, Proyecto Sur, SI y un puñado de legisladores del radicalismo, encolumnados detrás de los agrodiputados Ulises Forte y Pedro Orsolini, proponen mantener como están las actuales alícuotas, aunque introducir un esquema de segmentación para los cinco cultivos: soja, maíz, trigo, sorgo y girasol, con un rápido cobro de las compensaciones vía AFIP.

Resistencia del oficialismo

El oficialismo sigue de cerca la puja entre los sectores opositores. Y no duda en meter su cuña: ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, les recordó que lo único que vencen son las facultades para fijar retenciones, pero entendió que para imponer un nuevo esquema de alícuotas es necesario aprobar una ley.

Para ello, es necesario reunir la mayoría, lo que hoy aparece difícil por las diferencias entre los diferentes bloques.

Con información de La Nación y La Capital

La presidente visitó la Bolsa de Comercio por el festejo de su aniversario. No trajo el esperado anuncio para el sector, aseguró que seguirán las retenciones y reprochó al campo la alta evasión fiscal.

No habrá cambios en retenciones, “sobre todo si evaden Ganancias más que bancos y petroleras”, sostuvo la mandataria. Sin anuncios, debilitó a quienes durante los últimos meses vienen apostando al diálogo.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Cristián Amuchástegui, se enteró ayer cerca de las 5 de la tarde que el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, no venía a Rosario con la comitiva presidencial al acto aniversario de la entidad que preside. Era el dato que le faltaba para tener la certeza de que la presidenta Cristina Fernández no traía ningún anuncio para el sector.

Hace días que descontaba que la jefa de Estado no venía con cambios en las retenciones como se especuló el mes pasado, pero se jugaba unas fichas a dos temas ya conversados como el Plan Ferroviario Circunvalar y la conversión en autovía de la A012. Éstas eran señales que la Bolsa esperaba para poder mostrar a los núcleos menos dialoguistas que da frutos la difícil tarea de recomponer relaciones campo-gobierno, estrategia que se viene llevando a cabo con el ministro de Agricultura, Julían Domínguez, como interlocutor del lado oficial.

Pero no había tiempo para cambios. El discurso del presidente ya estaba escrito y, en sintonía con los puentes que se buscaban tender, no era muy crítico. Sí pedía por la liberación de exportaciones, obras de infraestructura, eliminación del impuesto al cheque y temas puntuales de los mercados de valores (nueva ley de warrants) y futuros (quita de trabas para ingreso de inversiones del exterior).

Pero en el tema de las retenciones, el más caliente de la agenda agropecuaria, si bien se pedía por la “eliminación gradual y sin desfinanciar al Estado de impuestos distorsivos”, ni se las llamó con nombre y apellido. Todo fue, como lo dijo la propia presidenta, “muy elegante”.

Ya en el acto, con la sorpresiva apertura del evento con un show musical de Soledad (que sirvió para generar clima de celebración), hubo aplausos de pie de los asistentes al ingreso de la jefa de Estado y hasta la prensa especializada coincidía en que era poco probable que no haya anuncios, porque Cristina venía a coronar la política de acercamientos que se viene tejiendo por fuera de la Mesa de Enlace, que –paralelamente- no envió dirigentes de peso al aniversario.

Diálogo sí, cambios políticos no

En este marco, el discurso de la presidenta tomó por sorpresa a todos. Si bien dejó abierto el canal de diálogo cuando admitió que las entidades sectoriales tienen que hacer reclamos sectoriales, apostó a la búsqueda del consenso y no estuvo agresiva con el agro, como en los tiempos de la 125, marcó la cancha muy fuerte. Señaló que no se tocarán retenciones, porque es parte central de la política económica y hasta le pasó factura al campo, de visitante y en la Bolsa, por su alta evasión fiscal.

El discurso

“Hablemos de números, sin ideología”, dijo la presidente y largó un discurso de casi 50 minutos en el que no hubo anuncios, pero sí defendió a ultranza el plan económico recordando que el bicentenario se celebra en medio del “período más extenso” de crecimiento alto en la historia argentina.

En el mismo tono recordó que los precios de los granos están por la nubes, que el Estado otorga millonarios subsidios para que las empresas tengan gasoil y otros insumos energéticos a los precios más baratos de Sudamérica, que el gobierno también financia obras públicas claves (como la extensión de la hidrovía sin peaje al norte de Santa Fe), que la recuperación actual se debe a que el Estado intervino el año pasado para amortiguar el impacto de la crisis financiera y que juega fuerte para sostener el tipo de cambio, acumular reservas y pagar la deuda.

También resaltó que el sector público está y estará presente para ayudar con subsidios a los empresarios del agro cada vez que lo necesiten. Puso el ejemplo de los lecheros, a los que, subrayó, aportó 500 millones de pesos el año pasado.

En lo que hace a retenciones a la exportación, dejó en claro que son parte del modelo porque forman parte del “dólar diferencial” que permite ayudar a los sectores menos competitivos, inclusive de la agroindustria. Agregó que el agro no es el único rubro que paga derechos de exportación. “La industria, el petróleo y los bancos también los pagan”, acicateó.

El problema, dijo, es que mientras los bancos pagan  5.000 millones de pesos en impuesto a las ganancias, el agro, que factura 147.000 millones  por año, paga 2.200 millones de pesos de Ganancias. Por retenciones, en cambio, pone 17.500 millones de pesos. “No nos queda otra que ir a buscarlos a la Aduana”, describió.

“El problema no está en el esquema fiscal sino en el pago”, apuró y, frente las risas nerviosas que se escucharon en la platea, remató: “Se ríen porque saben de qué hablo, pero ojo, en Estados Unidos la gente va presa por estas cosas”.

Evasión

La presidenta generalizó la conducta de evasión a todos los sectores de la economía, pero varias veces volvió al sector de los alimentos para remarcar que era uno de los de mayor informalidad, cuando lo comparó con el sector energético y el financiero.

La facturación en el primero de esos sectores contra el de alimentos fue de unos 75.000 millones de pesos , con pagos por Ganancias en torno a los 5.000 millones de pesos; para los bancos la facturación rondó los 8.000 millones de pesos, en tanto que el aporte en concepto de Ganancias rondó los 4.000 millones de pesos, precisó la presidenta.

“Hay evidentemente una gran evasión”, concluyó Cristina, y remarcó la necesidad de mantener los derechos de exportación, “que son altamente redistributivos” y que tienen en la Aduana la única salida. “Por eso se pueden controlar”, admitió.

Con información de Punto Biz

Tuvieron una reunión en el Senado para analizar la política agropecuaria y especialmente las retenciones.

Los principales referentes de la Comisión de Enlace de las entidades rurales comenzaron a recorrer los pasillos del Senado para fijar su posición de cara a lo que será el debate, que arrancará impulsado por la oposición en la Cámara de Diputados, de un nuevo esquema de retenciones a la producción agropecuaria.

Ayer, Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas), Hugo Biolcati (Sociedad Rural Argentina) y Eduardo Buzzi (Federación Agraria Argentina) compartieron un almuerzo con los referentes del Peronismo Federal.

El anfitrión del encuentro fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien estuvo acompañado por Juan Carlos Romero (Salta) y Carlos Reutemann (Santa Fe). Las reuniones continuarán hoy con una audiencia, a las 9, de Buzzi con el vicepresidente Julio César Cobos y una movilización de ruralistas de la Federación Agraria, que serán recibidos por la senadora Hilda González de Duhalde (Buenos Aires).

Retenciones

En la reunión de ayer cada entidad plasmó su postura con relación a las retenciones. Como se sabe, coinciden en la eliminación de las retenciones para casi todos los granos y una reducción gradual de los derechos de exportación sobre la soja.
Sin embargo, la FAA insistió en la necesidad de que mientras se mantengan las retenciones a la soja se establezca una segmentación para pequeños productores.
Los senadores escucharon los reclamos de las entidades rurales, pero les dejaron una definición: apoyarán lo que apruebe la Cámara de Diputados, ya que no pueden garantizar la mayoría necesaria para introducir eventuales modificaciones al proyecto cuando ingrese en el Senado.

De esta manera, el mensaje que se llevó la Comisión de Enlace fue claro: cualquier propuesta deberán impulsarla antes de que la Cámara baja apruebe el nuevo esquema de retenciones.

Al término de la reunión, Llambías aseguró que “las tres entidades creemos que se deben eliminar las retenciones para casi todos los granos y que se debe establecer un cronograma de reducción gradual para la soja”.

El reclamo de “retención cero” para granos como el trigo y el maíz también fue avalado por Buzzi, quien afirmó que “hay una aspiración común, que es la eliminación de las retenciones”. Sin embargo, el presidente de la FAA se desmarcó de las otras entidades al asegurar que, en el caso de la soja, mientras se avanza en la eliminación gradual de los derechos de exportación, “tiene que haber una segmentación para los pequeños productores”.

Con información de La Nación

El dirigente rural sostuvo que con el PEA el gobierno pretende “usar al sector para convalidar un proyecto electoralista”.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, participó este fin de semana de las exposiciones rurales de las ciudades de Chajarí, Entre Ríos; y Rafaela, Santa Fe y se refirió al programa estratégico agropecuario PEA, impulsado por el gobierno nacional, a la crisis en la ganadería y al tema retenciones.

Críticas al PEA

El titular de CRA sostuvo que “el  PEA pretende usar al sector para convalidar un proyecto electoralista.  Su verdadero objetivo no es el desarrollo de una política de Estado en materia agropecuaria, sino la consolidación del proyecto político liderado por  los Kirchner.  El PEA descansa sobre la figura de la “Soberanía decisional” y la “Capacidad regulatoria” del Estado, ignorando que en un sistema democrático el sujeto de la autoridad política es el pueblo y que el verdadero rol del Estado consiste en servir a los ciudadanos con miras a la consecución del bien común”.

Sometimiento del campo

Además indicó que  “El PEA, bajo la engañosa apariencia de federalismo y participación ciudadana, no es más que el intento de consagrar de manera formal, sistemática y, si fuera posible, legal, el plan de sometimiento del campo argentino al proyecto de concentración de poder del matrimonio Kirchner”.

Crisis ganadera

Respecto a la crisis que está atravesando la ganadería, Llambías informó que “se ha pedido desde CRA al Ministro que nos aclare cómo actúan las limitaciones a las exportaciones de carnes, no nos ha contestado,  ahora se dice que quieren cuotificar la faena”.

“Lo decimos ahora para que el pueblo después no se vea sorprendido. El resultado será menos carne y más cara dentro de un par de meses”, aseveró el líder del movimiento rural confederado.

Superpoderes y retenciones

En lo referente al inminente vencimiento de las facultades que permiten al ejecutivo fijar retenciones, Llambías indicó que las retenciones “no son ni mas ni  menos que un impuesto a la producción”, y que “atentan contra el federalismo”. “Nuestro país va a mejorar cuando todos los políticos hablen de acuerdo a sus convicciones y no por  oportunismos electorales, es el congreso quien debe tratar retenciones”, afirmó el ruralista; y ratifico que “aspiramos  a su inmediata eliminación en la carne, en las economías regionales, en el trigo, en el maíz, en el girasol y en el sorgo y un cronograma  hasta su total eliminación en la soja”.

Con información de On24

El gobernador santafesino salió a dar explicaciones por sus declaraciones sobre retenciones que, además de enemistarlo con el mayor sector productivo de la provincia creó enfrentamientos dentro de su propio partido.

Hermes Binner aseguró hoy que no cambió de idea respecto de las retenciones; que las alícuotas de dicho impuesto debe fijarlas el Poder Ejecutivo y convalidarlas o no el Congreso.

El mandatario había dicho que no era adecuado que el Congreso decidiera de cuánto debía ser este impuesto. Esta mañana, sostuvo que “en toda conversación (en alusión a la entrevista periodística) siempre quedan cosas sin explicitar”.

Sin embargo, aclaró “Hay que terminar con las facultades delegadas. Tenemos un presupuesto que construye el Ejecutivo y lo aprueba el Legislativo. El presupuesto tiene egresos e ingresos; allí están los fondos derivados de los derechos de importación y exportación. Eso es un ingreso real que tiene el Ejecutivo y lo plasma en una propuesta, y es el Legislativo el que tiene que aprobarlo o no. Esto surge de la misma interpretación de la necesidad de no delegar responsabilidades y de aceptar lo que dice la Constitución”, expresó.

Consultado sobre la posición de su partido a favor de las retenciones segmentadas, el gobernador sostuvo: “Filosóficamente no defendemos las retenciones, sino los impuestos, sobre todo a las ganancias. Hoy se buscan formas más sencillas para recaudar, como el IVA, el impuesto al cheque o las retenciones. No estamos a favor de las retenciones; ahora, instaladas como están hoy, merecen un tratamiento especial. Si vemos que en el Congreso hay 29 proyectos distintos sobre el tema, es porque es complejo y de interpretación diversa. Y obviamente, quien fija esa retención, cuánto es lo que se pretende recaudar por esa vía, es el Ejecutivo. Y quien la aprueba es el Legislativo”.

Binner no cambia de opinión

Para el gobernador el Congreso no puede moderar al Ejecutivo. “¿qué herramientas tenemos en el Congreso para definir si la retención debe ser del 35 o del 25%? Estamos hablando de un tema que pertenece al plan económico vigente en el país. Pasaba lo mismo con el Banco Central. No podemos generar un banco independiente de la política económica; tiene que tener rasgos de complementariedad con los poderes para dar determinados pasos. Del mismo modo, no se puede despegar el ingreso que se va a tener de la política económica”.

“Cuando esto se ve parcialmente, cometemos errores. Ahora, si Ud. me pregunta si este programa lo llevaría adelante el Frente Progresista, yo le digo rotundamente que no. Pero el programa vigente es el que está aplicando quien ganó las elecciones”.

Si Binner estuviese en el poder Ejecutivo, lo resolvería de esta manera: “El Ejecutivo puede decir 35%, por ejemplo, y el Congreso puede dar las pautas: 35% para las extensiones de determinadas hectáreas, o 15% para las más pequeñas; eso lo puede hacer el Congreso. Puede establecer pautas de funcionamiento. Creo que hay un principio básico que tiene que ver con la oportunidad en el manejo de estos impuestos, vinculados con el desempeño de un producto, que es la soja”, manifestó.

“Apostando sólo a esto podemos caer en una especie de montaña rusa donde nos caemos a cero de un día para otro. Tenemos un modelo económico con una gran fragilidad. Hay que convertirlo en uno mucho más sustentable. Pero esto es producto de otro plan económico; evidentemente, a quienes hoy gobiernan no les interesa esto”, declaró el gobernador.

Consultado sobre las críticas que despertó su declaración, Binner sostuvo: “Desde mi modo de ver he sido lo suficientemente claro. Tal vez no quedó claro para quién tomó la información. Rápidamente han girado una propuesta política y no era ésa mi intención”.

Críticas oficialistas y opositoras a los dichos de Binner

La postura del gobernador produjo nuevas tensiones en el Frente Progresista e incluso en el seno del propio Partido Socialista, aunque sus principales referentes optaron por el “silencio de radio”. El senador Rubén Giustiniani, por medio de un comunicado dejó en claro que seguirá trabajando desde el Congreso por los pequeños y medianos productores.

La crítica más dura provino desde la Coalición Cívica - ARI a través de los diputados nacionales Carlos Comi y Susana García y el presidente del partido a nivel provincial, Pablo Javkin. Desde el radicalismo, el diputado nacional Jorge Álvarez se limitó a reafirmar el compromiso de campaña del Frente Progresista, lista que encabezó. “Es una facultad del Congreso y se deben fijar en forma segmentada”, le dijo antes de ingresar a reuniones para discutir el tema.

El justicialismo no se sintió ajeno a las expresiones de Binner y la reutemanista Alejandra Vucasovich afirmó que “una vez más el gobernador se pone al lado de Kirchner y en contra de los productores santafesinos”.

Golpe injusto

Comi y Javkin consideran que las expresiones de Binner, además de desconocer la Constitución son “un golpe profundamente injusto a los productores que se movilizaron durante el 2008, a los pueblos del interior y por ende a corazón productivo del país”.

Los aristas no dejaron de destacar que “los principales sorprendidos deben ser los legisladores socialistas como el senador Giustiniani que tienen distintas iniciativas presentadas en el Parlamento”.

Para Vucasovich “los productores agropecuarios de Santa Fe acaban de ver cual es el verdadero rostro de Binner con respecto al tema de las retenciones: con la ambigüedad que lo caracteriza salió a respaldar la pretensión del gobierno de los Kirchner de seguir manejando en forma arbitraria esa potestad, desconociendo el discurso de campaña de los candidatos socialistas que intentaron mostrarse opositores”.
La legisladora justicialista señaló que “tanto el gobernador como su ministro de la Producción, Juan José Bertero, apoyaron la famosa resolución 125 el día en la que el gobierno nacional la dio a conocer, y después, cuando vieron que no les era políticamente beneficioso quedar de ese lado intentaron ponerse del lado de la gente de campo, y ahora, extrañamente, vuelven a estar del otro lado del mostrador”.
Con información de El Litoral