El Senado, con los votos de 33 kirchneristas y 8 aliados, sancionó la ley que estatiza la producción, venta y distribución del principal insumo del periodismo escrito; condiciona la importación y le da amplias facultades al Estado para intervenir la empresa Papel Prensa.

La ofensiva legislativa oficialista llegó ayer a su fin en el Senado con la sanción de la ley que declara de interés público la fabricación y comercialización del papel para diarios.

A partir de la promulgación de esta norma, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, tendrá la potestad para controlar el mercado, estableciendo precios de venta y metas de producción sobre la empresa Papel Prensa, y aplicar sanciones que pueden llegar hasta la confiscación de la firma ante el incumplimiento de sus directivas.

Para todo el arco opositor, estas facultades apuntan a justificar una eventual expropiación de Papel Prensa por parte del Estado y a limitar, a través de la administración de este insumo básico, la libertad de expresión de los diarios cuya línea editorial no coincida con la Casa Rosada.

A favor y en contra

La ley fue aprobada por 41 votos a favor, 26 en contra y la abstención de Agustín Pérez Alsina (Partido Renovador de Salta). Además del kirchnerismo, que tuvo la asistencia perfecta de sus 33 senadores, la norma fue apoyada por los fueguinos de Nuevo Encuentro, el Movimiento Popular Neuquino, los peronistas Carlos Menem (La Rioja), Roxana Latorre (Santa Fe) y María Higonet (La Pampa), el radical independiente José Roldán (Corrientes) y el porteño Samuel Cabanchik.

Votaron en contra el radicalismo, el peronismo disidente y el Frente Amplio Progresista (FAP). “El oficialismo eligió avanzar en un enfrentamiento contra empresas y no en el camino de ampliar un derecho y garantizar el acceso a ese derecho”, denunció Ernesto Sanz (UCR-Mendoza).

“Es el caso más sofisticado y abarcativo para controlar la prensa por parte del Gobierno, ya que nada quedará fuera del control del Ministerio de Economía”, opinó María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-Capital).

Ambos senadores rechazaron así el argumento oficial, según el cual la ley tiene por finalidad garantizar “la pluralidad de voces” a través del acceso en iguales condiciones al papel de todos los diarios del país.

“Buscamos igualdad de oportunidades para todas las editoriales”, aseguró Aníbal Fernández. Sin embargo, al ex jefe de Gabinete lo traicionó su locuacidad y dejó trascender cuál es el final último de la iniciativa cuando admitió que a partir de esta ley la empresa Papel Prensa estará “obligada a abastecer a todos” los diarios y que en caso de no poder hacerlo tendrá que “poner plata”.

Fernández a punto estuvo de no votar la ley que con tanto ahínco había defendido, ya que en ese momento se encontraba haciendo declaraciones a la prensa fuera del recinto. La oportuna demora de la votación por parte del vicepresidente Amado Boudou lo salvó de protagonizar lo que hubiese sido un papelón difícil de explicar.

Lo que la nueva ley permite

Según la ley, el Estado podrá invertir en la empresa e incrementar el capital de su participación en Papel Prensa; en consecuencia, una situación que lo pone en clara ventaja para hacerse del control de la firma debido a la cantidad ilimitada de recursos que podrá volcar en ella.

Además, se coloca en manos del Ministerio de Economía la decisión de permitir o impedir la importación de papel para diarios (algo que hoy está habilitado con arancel cero, lo que hace que sea más barato comprar fuera del país).

La norma sancionada ayer se suma al marco normativo establecido por la ley de medios audiovisuales -que persigue el desguace de grupos empresarios periodísticos- y a las acciones judiciales impulsadas desde y con la connivencia del Poder Ejecutivo para hostigar a los medios de comunicación que no son afines al discurso oficial, como el intento de intervención de Cablevisión y la inhibición general de bienes a LA NACION reclamada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

También durante este año se registraron situaciones de presión paraoficial hacia los medios con los bloqueos del gremio de camioneros a las plantas impresoras de diarios como Clarín y LA NACION.

“El gobierno demoniza a la prensa porque le molesta la crítica, le molesta el disenso”, denunció el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, quien dijo que su bancada no podía permitir que “se silencie a la prensa libre por vías indirectas, con un modelo de silenciamiento informativo”.

Su par de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto (Río Negro), replicó el discurso oficial, al decir que la ley apunta a dar “mayor democracia, mayor equidad, para que los medios puedan dar su opinión”.

Con información de La Nación

La Cámara de  Diputados aprobó hoy y giró al Senado el proyecto de ley que busca  limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de  extranjeros.

En el marco de una sesión especial que se inició ayer poco después  de mediodía, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto  impulsado por el Poder Ejecutivo por 153 votos a favor y 26 en  contra, tras más de 17 horas de debate.

Desde el oficialismo, el diputado Luis Cigogna, titular de la  comisión de Legislación General de la cámara baja, sostuvo que la  iniciativa no tiene “ánimo xenófobo” ni apunta “a discriminar en  contra de extranjeros” sino que busca “reservar un recurso que es  estratégico y no renovable para los argentinos”.

“Pensamos en la soberanía alimentaria de los argentinos, en  nuestro presente y en el futuro de nuestros hijos”, enfatizó  Cigogna, quien aclaró además que el texto “no invade facultades de  las provincias”, como había cuestionado la oposición.

La iniciativa recibió el apoyo del bloque del Frente para la  Victoria; Unión Peronista, la bancada que conduce el diputado  Felipe Solá; el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el FAP, el  radicalismo y algunos de la CC-ARI.

Al cierre del debate, el titular del bloque de diputados del  oficialismo Agustín Rossi, pidió la palabra para reconocer el  trabajo realizado por el actual presidente de la Cámara de  Diputados, Julián Domínguez, como ministro de Agricultura para la  elaboración de esta iniciativa.

Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, destacó la  importancia de sancionar una ley para limitar la extranjerización  de tierras, al sostener que se trata de “un primer grano de arena  para comenzar a frenar la concentración de la tierra”.

Por el FAP, el diputado del GEN, Omar Duclós, sostuvo que se  trata de un tema “verdaderamente urgente”, al asegurar que “a todos  nos preocupa el avance en la extranjerización” y enfatizó que  “estamos ante un proceso acentuado y es necesario detenerlo para  preservar este recurso estratégico”.

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica-ARI, Horacio  Piemonte, consideró que se trata de una ley que tiene “un valor  fundamental para evitar que la Argentina siga siendo zona de  remate”, al anticipar el respaldo de ese bloque en general a la  iniciativa aunque adelantó que planteará disidencias parciales.

Felipe Solá, del bloque Unión Popular, consideró que la norma  “es un punto de partida” y destacó la necesidad de avanzar en el  texto, al advertir que “la crisis hace que los capitales puedan  llegar en un número inusitado y sin que nadie pueda preveerlo” y  dijo que “lo que importa es que el objetivo está logrado”.

La norma enviada por el Poder Ejecutivo había recibido el  martes dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación  General, que preside Cigogna; Asuntos Constitucionales, a cargo de  Diana Conti y de Agricultura, presidida por Luis Basterra.

La letra del proyecto

El texto tomó como base la propuesta que el Poder Ejecutivo  envió a la cámara en abril pasado e incorporó modificaciones  planteadas por la mayoría de los bloques, como el que redujo, por  ejemplo, del 20 al 15% el porcentaje del territorio  nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera.

Además, según el texto -que no prevé retroactividad y por  ende no vulnera derechos adquiridos- de ese 15% total no  podrá haber más del 30% en manos de “personas físicas o  jurídicas de una misma nacionalidad”.

La iniciativa establece que las tierras en poder de  extranjeros “no podrán superar las mil hectáreas o superficie  equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo  Interministerial de Tierras Rurales”.

El proyecto, en su artículo 11, advierte que se “atenderán  los tratados bilaterales de inversión suscriptos por Argentina”,  vigentes a la entrada en vigor de la ley y que “no se entenderá  como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un  recurso natural no renovable”.

A través de la iniciativa, en tanto, se crea un Registro  Nacional de Tierras Rurales que realizará un relevamiento catastral  y dominial y un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.

La norma fija además excepciones para aquellos extranjeros  “unidos en matrimonio con ciudadanos argentinos” o que “tengan más  de 10 años de residencia permanente y probada” y establece  estrictas prohibiciones para la venta de superficies que “contengan  o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”.

“El espíritu y la letra del proyecto no sólo apunta a regular  un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la  necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes  extensiones de tierras en manos de capitales financieros”, enfatizó  el texto en los fundamentos.

Con información de La Nación

Las elecciones de octubre redefinirán el mapa legislativo. 24 senadores finalizan su gestión. ¿Quiénes intentan renovar?

El 10 de diciembre dejarán sus bancas 24 senadores nacionales. Algunos, para no volver. Otros intentarán renovar sus mandatos y permanecer en la Cámara alta seis años más.

Provincias que renuevan

Entre los senadores de las ocho provincias que eligen a sus representantes (Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz, San Luis, La Rioja, Formosa, Jujuy y San Juan) hay senadores de trayectoria, históricos y pesos pesados que marcaron la actividad legislativa de los últimos años.

Los que no regresan

Los kirchneristas Eric Calcagno y José Pampuro, ambos legisladores por Buenos Aires, dirán adiós. El primero fue quien reemplazó a Cristina Kirchner cuando en 2007 dejó su lugar en el Senado para asumir la Presidencia de la Nación. José Pampuro es el presidente provisional del Senado y su exclusión de las listas de octubre fue uno de los saldos más polémicos del proceso de selección de candidatos que Cristina Kirchner digitó del primero al último lugar de las nóminas.

Pampuro fue uno de los primeros en saltar del duhaldismo al kirchnerismo. Ocurrió en plena campaña legislativa de 2005, cuando se cristalizó del todo la ruptura entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. Después de años de estrecha amistad con el ex presidente y su mujer Hilda González, fue incluso el médico de la familia, compartió boleta con Cristina Kirchner. “Me pasé muchos años con la familia Duhalde y hoy estoy convencido de que la situación política superadora es lo que encarna el presidente Kirchner”, dijo entonces.

Aunque en su momento el Gobierno le impidió ser el candidato a vice de Daniel Scioli, el senador finalmente recalará en el gabinete del gobernador, aunque todavía no está claro en qué lugar, si fuera reelecto en octubre.

Aunque fue tal vez el primer cristinista entre los senadores del Frente para la Victoria, el santacruceño Nicolás Fernández es otro de los que quedó relegado. Soldado fiel durante sus años en el Senado, pagó cara la sanción del 82% móvil, fuertemente rechazado por la Casa Rosada. El proyecto impulsado por la oposición se convirtió en ley en octubre del año pasado gracias a otro desempate de Julio Cobos y la Presidenta debió vetarlo pocos días más tarde.

En la renovación de la representación de Formosa está otro de los pilares de la construcción oficialista. Una de las senadoras a las que se les vence el mandato es Adriana Bortolozzi, que abandonó el bloque kirchnerista y empezó a votar con la oposición en abril de 2010 después de apoyar la coparticipación del impuesto al cheque. El kirchnerismo apuesta a recuperar esa banca en octubre.

El jujeño Guillermo Jenefes es otro de los que empezó a tomar distancia del kirchnerismo hace tiempo. Dueño del principal multimedio de su provincia, votó en contra del artículo 161 de la ley de medios, (la llamada cláusula de desinversión), y se opuso a la ley de matrimonio igualitario, dos de los proyectos impulsados con más celo por la Casa Rosada. El legislador ya tiene nuevo destino: es el candidato a vice de Eduardo Fellner, presidente de la Cámara de Diputados, que peleará por la gobernación de Jujuy también el 23 de octubre.

César Gioja se quedó sin destino político después de la dura pelea que protagonizó con su hermano José Luis y por la que relegó una eventual reelección en el Senado. Convencido que sería su sucesor en la gobernación de San Juan, César se quedó con las manos vacías después de que José Luis forzara una reforma constitucional y un plebiscito que le permitirán competir por un segundo mandato en octubre.

Los que buscan la renovación

El ex presidente, Carlos Menem, busca renovar su banca. El kirchnerismo lo cuenta entre sus aliados, no sólo para llegar al quórum de 37, sino para mantener su mayoría en el cuerpo. Para el ex presidente, seis años más en el Senado serán además la llave para retener los fueros ante las causas que aún tiene pendientes en la Justicia.

Otra senadora que intentará la reelección es “Chiche” Duhalde. Su carrera legislativa comenzó en 1997. Fue diputada nacional hasta 2001 y nuevamente entre 2003 y 2007, cuando llegó al Senado. En la disputa por la banca que pretende renovar enfrentará al candidato de Unión por el Desarrollo Social (Udeso), José “Pepe” Scioli y al postulante del Frente Amplio Progresista (FAP), el ex intendente de Bahía Blanca, Jaime Linares.

Pese a que la Justicia Electoral todavía debe decidir si convalida su candidatura a la gobernación bonaerense, la apuesta fuerte de Adolfo Rodríguez Saá se juega en el Senado. El puntano intentará renovar su banca y, por primera vez, tributará a un gobernador que no es su hermano Alberto. Por primera vez desde el retorno de la democracia los hermanos Rodríguez Saá dejarán la gobernación de San Luis en manos de Claudio Poggi, un hombre de confianza de ambos.

¿Cómo quedará la Cámara Alta?

Si Cristina Kirchner sacara la misma cantidad de votos que en las primarias, el Senado tendría clara mayoría oficialista. Del total de bancas en juego, el kirchnerismo debe revalidar 16 (incluida la de Menem); el peronismo disidente, 5, y la UCR, las 3 restantes. Hoy el oficialismo y sus aliados suman 37 senadores, es decir, la mitad más uno de los miembros del cuerpo, a los que se sumaría Samuel Cabanchik, que apoyó a Daniel Filmus en la elección porteña.

Con información de La Nación

María Eugenia Bielsa sacó el primer puesto en Diputados y el Frente Santa Fe para Todas se queda con 28 bancas; le siguió Lamberto, dando 15 bancas para el Frente Progresista; y Norberto Nicotra arroja 7 escaños a Unión PRO Federal.

En el Senado, el PJ mantendrá el control con once bancas de un total de 19.

Las dos cámaras legislativas de Santa Fe serán opositoras al Ejecutivo a partir del próximo 10 de diciembre. Con el triunfo de la lista de María Eugenia Bielsa en Diputados y once de 19 departamentos con bancas del PJ en el Senado, se confirmó uno de los escenarios que se evaluaban en la previa de los comicios de este domingo: que el gobernador electo Antonio Bonfatti deberá aceitar los mecanismos de negociación y consensos para garantizar la gobernabilidad con una Legislatura de diferente signo político.

María Eugenia Bielsa obtuvo una leve ventaja con la lista de diputados provinciales del Frente Santa Fe para Todos. La nómina de la actual concejala rosarina sumó el 34,70% de los votos y se ubicó a dos puntos por delante de la lista del Frente Progresista que encabezaba Raúl Lamberto, que sacó el 32, 84%, con el ciento por ciento de los votos escrutados. De esta manera, la lista del PJ unido se queda con 28 bancas y las otras 22 se reparten por el sistema D´Hont entre las demás fuerzas.

En tercer lugar quedó el candidato de Unión PRO, Norberto Nicotra, un histórico del peronismo que apareció en los afiches de campaña junto a Miguel Del Sel y en la categoría de diputados provinciales obtuvo el 14,64% de los votos.

Este resultado además posiciona a María Eugenia Bielsa como una referente para la reconstrucción de espacios en el PJ santafesino junto a Omar Perotti, quien encabezará la lista de diputados nacionales en agosto y octubre acompañando la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Senado

El Senado provincial también contará con mayoría del PJ aunque con dos bancas menos que las que posee actualmente. Ahora la composición en la Cámara Alta, es de 13 senadores justicialistas, cinco radicales y el socialista Juan Carlos Zabalza; a partir del 10 de diciembre quedará con once peronistas y ocho senadores del Frente Progresista (entre radicales y del PS).

El PJ ganó las senadurías departamentales de Belgrano (Alberto Crosetti), Caseros (Eduardo Rosconi), Castellanos (Alcides Calvo), Garay (Ricardo Kaufmann), Las Colonias (Rubén Pirola), 9 de Julio (Joaquín Gramajo), San Javier (José Baucero), San Jerónimo (Danilo Capitani), San Lorenzo (Armando Traferri), San Martín (Cristina Berra) y Vera (Hugo Pucheta).

El Frente Progresista se queda con las bancas de los departamentos Constitución (Germán Giacomino), General López (Enrico Rudy), General Obligado (José Marcón), Iriondo (Hugo Rosetto), La Capital (Hugo Marcucci), Rosario (Miguel Lifschitz), San Cristóbal (Felipe Michlig) y San Justo (Rodrigo Borla).

En cuatro departamentos santafesinos, la banca cambió de color político: en General López con la derrota del presidente del PJ Ricardo Spinozzi a manos de Rudy; en Iriondo y La Capital con triunfos del Frente Porgresista a históricos bastiones del PJ y en San Lorenzo donde Traferri le arrebató la banca al candidato del Frente Progresista.

La mayoría de los senadores y diputados serán opositores y la Legislatura de los próximos cuatro años, necesariamente, será un espacio de negociación y diálogo.

Con información de Rosario 3

La aprobación de la nueva norma en el Senado dará más poder al Estado y evita una sanción del GAFI. Falta la aprobación en Diputados.

El Senado aprobó ayer una ley que crea la figura del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas como delito autónomo en el Código Penal y dota de mayores facultades legales al Poder Ejecutivo para combatirlo. Así, adecua la legislación nacional a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Si bien el proyecto fue aprobado por amplia mayoría (61 votos a favor y dos en contra), la oposición criticó en duros términos al Gobierno, que sólo ahora decidió avanzar con las modificaciones luego de que el organismo internacional de lucha contra el lavado de dinero amenazara a la Argentina con aplicarle sanciones en su próxima reunión, que se hará el 22 de este mes en México.

“Me molesta estar legislando siempre con el apremio de los plazos que se vencen”, se quejó la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero (PJ-Salta). “Acá hubo desidia del Poder Ejecutivo; estamos sancionando esta ley para ser complacientes con el GAFI”, se sumó Mario Cimadevilla (UCR-Chubut). Ante la presión del Poder Ejecutivo para aprobar la ley y evitar ser sancionados por el GAFI, la oposición, con el respaldo del oficialismo, impulsó un proyecto de ley “correctivo” que contempla las modificaciones que no se le pudieron aplicar al proyecto aprobado por Diputados en marzo pasado. Sin embargo, no hay garantías de que la Cámara baja trate la iniciativa, que fue aprobada por 57 votos a favor y uno en contra.

Lavado de dinero

El punto más importante de la ley sancionada ayer es la creación de la figura del lavado de dinero, que cobra así autonomía del delito de encubrimiento en el que se encontraba subsumido hasta el momento. Además, se contempla la posibilidad de perseguir el denominado “autolavado”, es decir, el blanqueo de fondos ilegales en beneficio propio, tanto por personas físicas como jurídicas.

Otro de los puntos centrales de la norma es la cesión de nuevas y amplias facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que tiene a su cargo el seguimiento, la investigación y el impulso de denuncias ante la Justicia de actividades sospechosas de encubrir el blanqueo de dinero obtenido con actividades ilícitas.

Entre las nuevas facultades figuran la posibilidad de requerir informes a organismos públicos y privados, de incautar los bienes sospechados sin sentencia previa (en caso de fallecimiento o fuga de los acusados) y una inyección de fondos para poder financiar sus actividades (le corresponderá el 0,6% del presupuesto del Ministerio de Justicia).

En la sesión de ayer, que fue presidida por el peronista José Pampuro (Buenos Aires), este punto fue motivo de críticas por parte de la oposición, a pesar de lo cual terminó aceptando la versión que había girado el Gobierno. “Estamos dándole a la UIF facultades que la convierten en uno de los organismos con mayores atribuciones de avance sobre derechos individuales y colectivos como no tiene ningún otro organismo del Estado”, alertó el senador radical Ernesto Sanz (Mendoza), para quien, en el futuro, debería convertirse a la UIF en un “órgano extrapoder”.

Riesgo de uso político de la UIF

Minutos antes, la peronista Adriana Bortolozzi (Formosa) había advertido sobre la posibilidad de que la información de la UIF pueda ser usada de manera política por parte del Poder Ejecutivo, y recordó la denuncia contra Francisco de Narváez en plena campaña electoral de 2009.

Delito transnacional

También se escucharon fuertes cuestionamientos al Poder Ejecutivo por su supuesta inacción en la lucha contra el delito trasnacional. Así lo hizo María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-Capital), quien aseguró que la Argentina “está siendo observada por la parálisis e involución en la persecución del narcotráfico y el crimen organizado”, tras lo cual aseguró: “Nuestro país no está haciendo lo suficiente para no terminar como México.”

Las réplicas

El jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), replicó las críticas al afirmar que la ley que se sancionó ayer “es un avance importante” y destacó el nuevo sistema de selección de los miembros de la UIF, mediante concurso de antecedentes.

Madres y Shoklender

Por último, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), puso en el debate el caso de Sergio Schoklender y la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, al alertar que la legislación vigente y las modificaciones que se sancionaron ayer dejan fuera del control el manejo de fondos estatales por parte de fundaciones u organizaciones no gubernamentales. La fuerza de las denuncias sobre supuestas irregularidades obligó al presidente de la UIF, José Sbatella, a tomar cartas en el asunto y pedir una investigación.

Con información de La Nación

El director de la Anses, Diego Bossio, concurrirá hoy al Senado para brindar un informe de fin de año sobre los fondos administrados por la entidad.

La Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social recibirá al director de Anses en el último día del período de sesiones ordinarias del Congreso. La cita será a las 13 y es esperada con ansiedad por la oposición, que pretende que Bossio explique cuántos millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se aplicaron a otras áreas y el criterio que se usó para su asignación.

“La idea es hacerle preguntas sobre los procesos que usa la Anses para financiar obras de infraestructura”, afirmó el vicepresidente de la comisión bicameral, el senador radical Ramón Mestre (Córdoba).

La Anses también financia planes para cooperativas, la asignación universal por hijo y la entrega de computadoras portátiles a estudiantes secundarios, todas medidas del Poder Ejecutivo que la oposición sostiene que debería financiar el Tesoro Nacional.

Según Mestre, la Anses no ha dado detalles de los criterios aplicados para asignar esas partidas. “Están muy lejos de los que aplica el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bandes)”, afirmó Mestre.

Con información de La Nación

El proyecto aprobado ayer por unanimidad volverá a Diputados con cambios sobre el alcance de la ley y la autoridad competente.

El documento regula la actividad de las empresas de medicina prepaga. Los puntos que deberá rever la Cámara Baja tienen que ver con el alcance de la futura norma y la autoridad que tendrá a su cargo controlar el cumplimiento de sus disposiciones. Con la sanción de ayer, la Cámara Alta evitó que el texto perdiera estado parlamentario, lo que hubiese vuelto a fojas cero su trámite legislativo.

Puntos clave

Entre sus principales disposiciones, el proyecto establece que las prestaciones de las empresas de medicina prepaga no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales sindicales.

Además, impide la aplicación de “carencias” y de períodos de espera por enfermedades preexistentes al momento de contratar el servicio y permite a los usuarios rescindir la relación en cualquier momento. También prohíbe aplicar criterios de edad para negar la afiliación y cobrar cuotas diferenciales, más costosas para los mayores de 65 años.

Todas estas cláusulas son cuestionadas por la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales, para la cual una norma de este calibre llevará a la quiebra al sector.

Debate entre las partes

Si bien en el debate de ayer hubo amplio consenso sobre la necesidad de regular la actividad, se produjeron fuertes disidencias en varios artículos. Así, el oficialismo se aferró a un pedido del ministro de Salud, Juan Manzur, para eliminar de los alcances del proyecto a los servicios de medicina prepaga prestados por obras sociales (como OSDE) y por cooperativas y mutuales, ya que estarían alcanzados por otras leyes.

“No es cierto que estén regulados por otras leyes. Si queremos garantizar el derecho a la salud y proteger a los usuarios de estos sistemas, tienen que estar todos incluidos”, afirmó la peronista disidente Sonia Escudero (Salta).

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, José Cano (Corrientes-UCR), justificó el proyecto al afirmar que la falta de regulación “deja a los usuarios en una total vulnerabilidad ante las decisiones que toman las empresas”.

Además, cuestionó la política de salud del Poder Ejecutivo, al afirmar que “la gente recurre a la medicina prepaga por las falencias del sector público”.

Por último, también hubo fuertes críticas al hecho de que la iniciativa garantice a la Secretaría de Comercio Interior, a cargo del polémico Guillermo Moreno, ser considerada autoridad de aplicación junto al Ministerio de Salud.

Con información de La Nación

El Senado santafesino dio media sanción a un proyecto de ley para que las asignaciones familiares en la provincia no sean inferiores al 75% de los montos que por conceptos similares establezca el Ejecutivo nacional. El justicialismo sacó adelante la iniciativa pese a la oposición del oficialismo.

El proyecto del senador justicialista Rubén Pirola propone también dice que “en ningún caso el Poder Ejecutivo Provincial podrá establecer escalas de valores para las asignaciones familiares condicionados al nivel de remuneración de los agentes”.

En 1996 se facultó al Ejecutivo provincial para fijar el valor de cada asignación con el objetivo de darle más flexibilidad a las adecuaciones monetarias. Sin embargo, Pirola criticó que esta posibilidad de dinamismo no fuera utilizada por el gobierno y llevara a que “los valores de las asignaciones quedaron desactualizados”.

El legislador enumeró que “la asignación por escolaridad primaria, secundaria y superior datan de 1991; las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio de 1993 y las asignaciones por cónyuge, hijos y prenatal fueron ajustadas por última vez en agosto de 2007″.

“La última actualización de la Nación ajustaron el valor de estos subsidios, colocando, por ejemplo, a la asignación por hijo de los trabajadores privados en 220 pesos, valor muy lejano a los 80 que paga la provincia por igual concepto”, dijo el legislador.

Con información de La Capital

El Senado debatirá hoy la imposición de límites a las facultades del jefe de Gabinete para reasignar partidas del presupuesto nacional establecidas en la ley de administración financiera, en medio de un clima de incertidumbre en el que tanto oficialistas como opositores se resisten a avanzar con una norma que, en la actualidad o a futuro, los perjudicará.

Lo que la Cámara alta deberá definir esta tarde, a partir de las 15, es si acepta el proyecto que aprobó el cuerpo en agosto de 2009, que limita al cinco% esas facultades, o el texto modificado este año por la Cámara de Diputados, que elimina de plano la posibilidad de reasignar recursos sin aprobación parlamentaria.

Dudas sobre el debate

El proyecto fue incluido en la sesión de hoy de manera sorpresiva a pedido de la oposición. Sin embargo, la posibilidad de que la iniciativa sea finalmente discutida depende de varios factores, como que exista un dictamen de mayoría.

Ese es al argumento esgrimido por el kirchnerismo, que pretende eludir el debate para mantener el statu quo, es decir, sin límites las facultades discrecionales que tiene el Gobierno. Lo paradójico del caso es que fue la presidente Cristina Fernández de Kirchner quien envió el proyecto de ley que aprobó el Senado el año pasado.

El proyecto circunscribía al 5% de los recursos la posibilidad de reasignar partidas, aunque no imponía límites a la posibilidad de usar gastos de capital en gastos corrientes.

Fuga de votos

El anuncio del pampeano Carlos Verna (PJ) de que apoyaría esa postura para garantizar la gobernabilidad del Poder Ejecutivo puso en aprietos al oficialismo, que anoche se debatía entre restarle el cuerpo a la sesión o negarse a firmar el dictamen, ya que de hacerlo conseguirían despacho de mayoría y habilitaría el debate del proyecto.

Resistencia oficial

La resistencia del kirchnerismo a avanzar con una iniciativa que propuso su propio gobierno llevó a que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández (Santa Cruz), anunciara que su bloque iba a rechazar las modificaciones introducidas por Diputados, una postura que la oposición ve claramente como inconstitucional.

Esto es así porque el artículo 81 de la Constitución Nacional prohíbe a la cámara de origen rechazar un proyecto que hubiera salido de su recinto y luego haya sido modificado por la cámara revisora.

Esto fue lo que le aclaró el radical Ernesto Sanz (Mendoza) a Fernández cuando el proyecto se discutió ayer en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales. El senador oficialista quedó visiblemente descolocado ante la indicación de su colega.

Antes de esto, el oficialista Eric Calcagno (Buenos Aires) había hecho una enfática crítica a la propuesta votada por la oposición en la Cámara baja. “Con esto se está entorpeciendo la gestión presupuestaria, porque decir que todo tiene que pasar por el Congreso, pase lo que pase, es peligroso”, afirmó el legislador.

La respuesta de la oposición estuvo a cargo del jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), quien reivindicó la facultad del Congreso para decidir sobre la ampliación o reasignación de partidas presupuestarias. “Es una decisión política, un acto bilateral del Poder Ejecutivo, que formula el presupuesto, y del Congreso, que lo aprueba y puede modificarlo”, afirmó.

Por su parte, el senador socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) criticó el proyecto original del Poder Ejecutivo. “De autolimitación no tiene nada”, sentenció como una forma de adelanto de lo que será un arduo debate en el recinto de la Cámara alta.

Con información de La Nación