La oposición impuso su plan y tras el empate definió Cobos la votación. Sin embargo el oficialismo sostiene que cristina vetará la ley.

Con el desempate del vicepresidente Julio Cobos, el Senado sancionó esta madrugada la ley que consagra el 82% del salario mínimo, vital y móvil para la jubilación mínima y actualiza el resto del escalafón del sector pasivo de acuerdo con diversos fallos de la Corte. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anticipó que será vetada la ley, porque el Gobierno “no está dispuesto a permitir que el Estado y la Argentina se suiciden”.

Cobos revivió anoche la sesión de julio de 2008, en la que colaboró para rechazar la resolución 125, que aumentaba las retenciones a las exportaciones del campo.

A las 0.15 de la madrugada y luego de una dramática votación nominal, Cobos volvió a convertirse en el centro de una sesión histórica en la Cámara alta, que concluyó con un empate, en este caso en 35 votos. Sólo faltaron los senadores Carlos Menem (PJ-La Rioja) y Oscar Castillo (UCR-Catamarca).

Pichetto casi amenazante

El desenlace había sido anticipado en su discurso de cierre por el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), cuando exhortó al vicepresidente pidiéndole que votara “con responsabilidad”. Al igual que en la sesión de julio de 2008, el senador ya contaba con precisas instrucciones de la presidente Cristina Fernández de Kirchner para obligar a Cobos a desempatar.

A diferencia de la madrugada en que rechazó la resolución 125, el vicepresidente fue breve y conciso a la hora de justificar su posición. “Yo ya había anticipado mi voto afirmativo en los medios. Este es un voto por la equidad social”, concluyó.

Cristina define

Ahora, la aplicación de la ley dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo. La presidente Cristina Fernández de Kirchner ya adelantó que vetará la norma, a pesar del fuerte costo social que implicará negarle a 5,5 millones de jubilados el reajuste y actualización de sus haberes.

La votación

La norma fue sancionada con el voto de la UCR, el Peronismo Federal, el socialismo, el Frente Cívico de Córdoba y el oficialista Marcelo Guinle. En contra se manifestaron el resto del kirchnerismo, los senadores por Tierra del Fuego (ex ARI) y del MPN, aliados de la Casa Rosada; la peronista disidente Roxana Latorre y el radical José Roldán (Corrientes).

En caso de que la ley no sea vetada, la jubilación mínima pasará a los 1504 pesos a partir de enero próximo. En la actualidad, el 75% de los jubilados cobran 1046 pesos por mes.

El extenso debate arrancó minutos antes de las 14 gracias a la sorpresiva aparición de los legisladores oficialistas.

En contra y a favor

Así, para el kirchnerismo la iniciativa impulsada por la oposición no se puede financiar, pone al Estado al borde de la cesación de pagos y tiene como único objetivo perjudicar a la presidente Cristina Kirchner, obligándola a vetar una ley de alto impacto social. “Este es un acto de demagogia política con un alto contenido de irresponsabilidad”, fustigó el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro).

La oposición, en tanto, sostuvo todo lo contrario. El reconocimiento del 82% móvil se puede pagar si el Poder Ejecutivo deja de utilizar los fondos de la Anses para financiar sus “políticas clientelistas y las cajas negras” de los subsidios, según la óptica de Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis).

“No vamos a desfinanciar al Tesoro cuando de acá a fin de año vamos a tener un superávit de 40.000 millones, así que de ahí se puede tomar este monto para pagarlo”, intentó tranquilizar al kirchnerismo el radical Alfredo Martínez (Santa Cruz), miembro informante de la oposición.

Salió así en respuesta del oficialista Eric Calcagno (Buenos Aires), quien había asegurado que la iniciativa de la oposición “plantea otro sistema previsional, gravoso e ineficaz”. “Este proyecto es terrorífico”, afirmó antes de calcular en $ 70.000 millones los recursos necesarios para financiar el ajuste de las jubilaciones.

Más duro aún fue el kirchnerista José Mayans (Formosa): “Quieren bajar los recursos y subir los gastos, esto sólo lo pueden hacer los irresponsables que quebraron al país dos veces: con Alfonsín [Raúl] y con De la Rúa [Fernando]”.

Sin embargo, el peronista pampeano Carlos Verna afirmó que, por el contrario, existen fuentes de financiamiento para el reajuste de las jubilaciones. “Si hay voluntad política, los fondos están”, afirmó. Según las cuentas del senador, el costo fiscal de la medida en 2011 será de $ 58.000 millones que, dijo, podrían cubrirse con la mitad de las utilidades del BCRA y estableciendo en el presupuesto la obligación de utilizar los excedentes en la recaudación para el sostenimiento de los planes sociales que hoy el Poder Ejecutivo paga con fondos de la Anses.

Esta postura fue avalada por el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), quien estimó “en $ 75.000 millones la subestimación de los recursos” en el proyecto de presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo. “Pueden pagar el aumento, claro que lo pueden hacer”, remató.

El peronista Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) fue más directo aún al afirmar que hay “fondos de la corrupción, de los sobreprecios, de los subsidios a los amigos como para financiar este aumento”.

Con información de La Nación

Con más presión que nunca sobre gobernadores y legisladores el oficialismo intenta por todos los medios evitar la aprobación de la ley sobre jubilaciones. La UCR teme que parte de su bloque se ausente para ayudar a la Casa Rosada

Faltando una hora para el crucial debate del proyecto de ley que consagra el 82% móvil para las jubilaciones mínimas, y ante la deserción de votos en su propio bloque, el Poder Ejecutivo puso en marcha un operativo de fuerte presión a gobernadores y a legisladores opositores con el fin de hacer fracasar la sesión prevista para hoy.

El escenario es complicado para la Casa Rosada. Hasta ayer, la oposición tenía consolidados 36 votos a favor del proyecto, que según el kirchnerismo tendría un costo de 50.000 millones de pesos y podría dejar al país en cesación de pagos.

Se trata de la mitad de los miembros del Senado, razón por la cual el arco no oficialista tendría asegurada, como mínimo, la posibilidad de que el vicepresidente Julio Cobos deba romper un eventual empate. Sin embargo, el panorama podría cambiar a partir de la presión del Poder Ejecutivo. “Nada hay seguro. Están operando como en la 125 [la resolución que aumentaba las retenciones al campo]. Yo no escribiría asegurando número ni para quórum ni para votación”, fue la respuesta de un caracterizado senador de la UCR ante la consulta del diario La Nación acerca de la eventual ausencia de un legislador de esa bancada.

El nombre en cuestión es el del catamarqueño Oscar Castillo, a quien algunos senadores kirchneristas ubicaban ayer ausentándose de la sesión. La hora de inicio del debate recién se decidirá hoy, a las 11, en reunión de labor parlamentaria.

Además de tratarse de una de las apuestas más complicadas para la administración kirchnerista, ya que obligaría a la presidenta Cristina Kirchner a vetar una norma de fuerte impacto social, el operativo del Poder Ejecutivo para “convencer” a opositores también encuentra explicación en la fuga de votos propios. Ayer, el sanjuanino César Gioja se sumó al chubutense Marcelo Guinle, que ya había anunciado que votaría la iniciativa impulsada por la oposición y rechazada por la Casa Rosada.

“Tengo presentados proyectos a favor del 82% móvil, así que debo ser coherente con esa postura”, afirmó el senador sanjuanino.

La postura de Gioja parece una directa respuesta a lo ocurrido hace dos semanas, cuando su jefe de bloque, Miguel Pichetto (Río Negro), dio libertad de acción para votar la ley de glaciares, lo cual favoreció a la derrota del proyecto que impulsaban las provincias con intereses mineros y, en particular, su hermano y gobernador de San Juan, José Luis Gioja.

Un tercer oficialista, el misionero Luis Viana, no había confirmado cómo votaría, pese a las consultas de la bancada oficialista para conocer su postura. Ninguno de estos legisladores daría quórum, por lo cual será el arco no kirchnerista el que deba reunir a los 37 senadores necesarios para iniciar el debate. En este primer round de la pelea es donde el Ejecutivo pone sus principales aspiraciones y de ahí la presión a gobernadores y legisladores.

Quórum

En ese sentido, la Casa Rosada recibió dos malas noticias. El neuquino Horacio Lores (MPN) anunció que dará quórum, aunque votará en contra del proyecto opositor. Lo mismo hará el radical José Roldán (Corrientes), pese a que rechaza la iniciativa porque no contempla fuente de financiamiento para el aumento de las jubilaciones. Por eso la ausencia de cualquier senador no kirchnerista se convertiría en un hecho decisivo para que la Casa Rosada evite una dura derrota política.

Distintas posiciones en el sindicalismo

Los sectores del sindicalismo fijaron ayer sus distintas posturas respecto del intento del Senado por aprobar la ley que fije las jubilaciones en el 82% del salario mínimo. Mientras la CTA y los gremios que responden a Luis Barrionuevo y a Gerónimo Venegas se concentrarán hoy frente al Congreso en favor del proyecto, la CGT que lidera Hugo Moyano se abocó a convocar al acto por la Lealtad Peronista, que se realizará el viernes próximo en el estadio de River, donde hablarán el camionero y el jefe del PJ, Néstor Kirchner. El sindicalista Julio Piumato criticó a “la oposición” y dijo que sólo “procura obligar a que el Gobierno vete” la iniciativa.

Con información de La Nación

El Senado de la Nación convirtió hoy en ley una serie de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, al aceptar parcialmente las modificaciones hechas en la Cámara de Diputados a una iniciativa aprobada en el Senado originalmente en septiembre del año pasado.

El extenso debate se prolongó por más de ocho horas y media, entre las 20 de este miércoles y las 4.30 de hoy, luego de que hicieron uso de la palabra 39 senadores, mucho más de la mitad de los 69 presentes a la hora de votar.

En la primera votación, el dictamen de mayoría, que insistía con la sanción del Senado, fue rechazado por 33 votos a favor y 35 en contra. Ese mismo resultado, pero al revés, se dio en la votación siguiente del dictamen de minoría sobre las modificaciones introducidas por Diputados.

El proyecto inició su camino por el parlamento en septiembre de 2009, cuando fue respaldado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Luego de que Diputados le introdujo modificaciones en agosto de este año, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano de la Cámara alta lo debatió en varias audiencias a las que asistieron el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral; y su par de Medio Ambiente, Homero Bibiloni.

Ayer por la tarde, los integrantes de la Comisión le dieron dictamen de mayoría al proyecto sancionado por el Senado, en tanto que el dictamen de minoría fue para respaldar casi todos los cambios introducidos por Diputados, menos el artículo 17 de la norma que establecía que en las áreas potencialmente protegidas no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger.

Ese artículo también remarcaba que ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología priorizará la realización del inventario en el área en cuestión.

La ley aprobada establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.

Además de considerar a los glaciares como bienes de carácter público, indica que se entiende por glaciar a toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación.

Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.

Por otra parte, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

El extenso debate giró en torno de la protección de las reservas de agua dulce y de los cuestionamientos y los respaldos a la actividad de la minería ubicada sobre la cordillera de Los Andes.

Durante el debate, el senador porteño Daniel Filmus, quien consensuó con el diputado Miguel Bonasso algunas de las modificaciones al proyecto original, dijo que “la Argentina puede estar tranquila de que vamos a tener una ley de protección de glaciares”.

El legislador agregó que “las Naciones Unidas definieron hace poco el derecho a tener agua como un derecho humano”, y sentenció: “Tener agua es más importante que tener oro”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Ambiente, Eduardo Torres, criticó la sanción de Diputados al decir que “hubiera sido bueno que algunos soberbios de la Cámara baja, ya que iban a votar una ley de presupuestos mínimos como ésta, hubieran invitado a los gobernadores”.

El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Angel Pichetto, anticipó que sus palabras no eran en representación del Frente para la Victoria, sino en nombre de algunos de sus integrantes ya que el debate atravesó de forma transversal a todas las bancadas.

“El mejor proyecto es el que viene de Diputados, porque es más preciso, tiene más trabajo y desarrollo y es el que más límites le pone a la actividad minera en la zona de glaciares”, expresó Pichetto, quien recordó que la ley de protección de glaciares “no es antiminera”.

Mientras tanto, el titular de la bancada radical, Gerardo Morales, remarcó que “se ha generado un cambio cultural que deben tomar nota las mineras”; y agregó que esas empresas “son las primeras que deben respetar la Constitución, porque vienen y mienten, porque en el cerro nadie las controla”.

El justicialista pampeano Carlos Verna pidió que “se optimice el recurso del agua” porque los que están “aguas arriba no dejan nada para los que están aguas abajo” en el curso de los ríos provenientes de glaciares.

El kirchnerista sanjuanino César Gioja fundó su apoyo a la iniciativa del Senado en que “hay una legitimidad política en orden a considerar como una expresión de quienes están vinculados a la geografía, que conocen del tema, que se preocuparon de este tema, que saben de medio ambiente pero también de las necesidades de desarrollo, porque la minería genera puestos de trabajo”.

El representante del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez, destacó que “hay poderosísimos intereses en juego” en la discusión del proyecto sobre glaciares, y afirmó que tenía “serias dudas” de que “todos los senadores estén defendiendo lo mismo”.

Finalmente, el oficialista santacruceño Nicolás Fernández aseguró que la sanción de Diputados “vulnera autonomías y paraliza toda la exploración”.

Con información de La Nación

Ni oficialismo ni oposición tienen los votos asegurados. El Senado tratará el 82% móvil en medio de fuertes disputas.   
 
Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzarán esta semana a debatir el proyecto venido en revisión de Diputados para aumentar las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil.

De cara al debate, tanto el oficialismo como la oposición buscarán retener votos clave, que parecen estar perdiendo en las últimas horas. El escenario es de absoluta paridad y las adhesiones parecen no estar garantizadas en varios casos.

Baja en la oposición

El senador de la Alianza Frente para Todos de Corrientes José María Roldán anunció que no apoyará el aumento al 82% móvil porque considera que no es sustentable financieramente. Se trata de un duro golpe para la oposición, que contaba con el voto de Roldán.

En el radicalismo consideran que lo de Roldán es un pase de facturas por la intervención del partido en la provincia de Corrientes, una decisión tomada en la época de Gerardo Morales al frente del Comité Nacional y que estaría siendo revisada por Ernesto Sanz.

Los alejamientos en el oficialismo

En cuanto al kirchnerismo, el primer ruido lo causó el chubutense Marcelo Guinle, que estaría cerca del gobernador Mario Das Neves y cerca de sumar su voto al proyecto opositor. Se trata de un caso similar al del misionero Luis Viana, alejado paulatinamente de la Casa Rosada por la falta de apoyo a su posible candidatura a la gobernación.

Guinle y Viana ya fueron claves en la votación para aprobar la normalización del Indec, cuando el primero se abstuvo y el seguno votó con la oposición.

Mañana habrá una reunión de asesores de Trabajo y de Presupuesto donde se organizará el borrador de las reuniones para discutir la iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputados a principios de agosto.

Con información de DERF

Tras la media sanción de Diputados, el gobierno pasó de decir que de aprobarse Argentina entraría en default a amenazar directamente con vetar el aumento para los jubilados.

Si el Gobierno no logra frenar en el Senado la iniciativa que equipara el piso de las jubilaciones al 82% del salario mínimo, aprobada en la madrugada de ayer por la Cámara de Diputados, la presidente Cristina Fernández de Kirchner recurrirá al veto para impedir que la ley entre en vigor. Así lo anunció ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Primero habrá presión sobre el Senado, del que Fernández dijo que espera “más racionalidad” para evitar que el haber mínimo pase de 1046 a 1426 pesos. El jefe de Gabinete advirtió que si para “proteger y cuidar los fondos de la Nación hay que llegar al veto, se vetará”. En busca de más justificativos para la polémica decisión, agregó que “hay que cuidar el dinero de los trabajadores para poder cumplir y garantizarles a los jubilados que cobren”, agregó.

El Gobierno está decidido a aplicar todas las herramientas de presión sobre senadores y sobre gobernadores. Además, se analiza incorporar al debate en el Congreso la discusión del presupuesto 2011, como una forma de complicar a la oposición. “Y si nada de eso funciona, el veto es inexorable, porque al Gobierno le estallaría la caja. Modificaría todo el diseño del gasto público”, agregó la fuente. Lo mismo afirmó media docena de fuentes gubernamentales.

Campaña presidencial

Además, en los máximos niveles oficiales se comenzó a ventilar una política decidida en Olivos, sin vuelta atrás: lograr anuncios de grandes inversiones productivas de capitales extranjeros -que creen posibles- en el año que queda de aquí a las elecciones primarias abiertas, en las que el jefe del PJ, Néstor Kirchner, o su esposa, la Presidenta, esperan ratificar su candidatura presidencial con miras a las elecciones generales de 2011.

“Hoy la orden es decir que el candidato será él o ella. Y para eso buscarán lograr el anuncio de inversiones productivas”, dijo un funcionario con acceso a Olivos.

Presión a las provincias

La semana próxima la Casa Rosada comenzará su operación disuasiva sobre las provincias y sus senadores. Si se le quitan recursos a la Anses, los gobiernos federales percibirán menos fondos de esa caja: planes sociales, asignaciones por hijo o distribución de computadoras portátiles.

Si el Gobierno logra dilatar el debate, sabe que el 15 de septiembre comenzará la discusión del presupuesto y obligará a la oposición a determinar las fuentes de financiamiento para aumentar la mínima jubilatoria de  1046 a  1426 pesos, lo cual implicaría una suba del gasto previsional en 2500 millones de pesos mensuales.

La misma lógica aplicará para una eventual rebaja de las retenciones a la soja, el maíz, el trigo y el girasol. El fisco recauda por esa vía  33.000 millones de pesos anuales y gira a las provincias -incluso las no sojeras- unos  7000 millones de pesos por el Fondo Federal Solidario de la Soja.

Con la reducción de 10 puntos en la alícuota de la soja (de 35 a 25%) se reduciría en 700 millones esa coparticipación en el año electoral. Las provincias dejarán de percibirlos.

“Ese proyecto también va derecho al veto”, dicen en la Casa Rosada. La oposición se propone rebajar esos derechos de exportación cuando, el martes próximo, caduquen las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, entre las cuales está la de fijar el nivel de retenciones.

La estrategia de la oposición en el Senado

Paralelamente, los opositores llamarán a las entidades de jubilados y gremios para lograr el apoyo al proyecto del 82% móvil.

En un escenario de absoluta paridad numérica, la oposición buscará “meter presión social” para forzar deserciones en el oficialismo a la hora de ir al recinto. Con ese objetivo, la semana próxima definirá un cronograma de audiencias públicas al que convocará a asociaciones de jubilados y gremialistas.

El kirchnerismo ya está al tanto de esta jugada. “Van a tratar de generar un esquema de presión de afuera hacia adentro”, afirmó Miguel Pichetto (Río Negro), jefe de la bancada oficialista, quien prometió resistir ese embate.

Por el momento, todo indica que hay un virtual empate en 36 votos por cada sector, por lo que el vicepresidente Julio César Cobos podría tener que desempatar. De esta manera, se repetiría un escenario igual al que se vio en el Senado en julio de 2008, en el debate por el aumento a las retenciones al campo.

Sin embargo, la oposición apuesta a quebrar esa paridad generando una fuerte presión que exponga al kirchnerismo a rechazar un reclamo largamente postergado a los jubilados.

Los próximos pasos en el Senado

El cronograma de reuniones en el Senado se definirá el martes próximo. Ese día se reunirá la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el radical Alfredo Martínez (Santa Cruz), quien anticipó su intención de convocar a funcionarios del Gobierno y a sindicalistas para opinar sobre el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados.

Con información de La Nación

Diputados de la oposición insistirán en que la normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sea inmediata, condición que no está garantizada con el proyecto de ley que la semana pasada aprobó el Senado y que ahora debe discutir la Cámara baja.

En ese sentido, los diputados opositores acordaron ayer que se reunirán la semana próxima con sus pares del Senado para intentar conciliar una fórmula que agilice la sanción de la ley, pero previendo una normalización automática del Indec sin la tutela del polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno -quien ejecutó la intervención del organismo-, lo que aparece explícito en el proyecto aprobado por la Cámara alta.

Los cambios que se consideran

Distintos bloques opositores expresaron ayer sus reparos al proyecto del Senado, que establece que la normalización del Indec se deberá concretar en un plazo de 150 días, un lapso demasiado prolongado a juicio de muchos legisladores.
A su vez, la iniciativa que obtuvo el respaldo de la Cámara alta no ofrece demasiadas precisiones sobre cómo y quién debe ejecutar esa normalización, de acuerdo con la interpretación que circuló ayer en Diputados.

“Además, la iniciativa no explicita si se trata de días hábiles o corridos, con lo cual recién entrado el año próximo, en plena campaña electoral, se estaría reestructurando el organismo”, advierten algunos opositores.

Desde la centroizquierda y el bloque de Pro se plantearon serias disidencias a la media sanción del Senado.

En una larga charla que compartieron ayer distintos referentes opositores, analizaron las alternativas en danza: una de ellas, modificar el texto del Senado incorporando un artículo que prevea la automática normalización del Indec.

Ley complementaria

El riesgo en este caso es que el proyecto debería retornar al Senado, donde la mayoría opositora no aparece tan clara para aceptar un cambio. La otra alternativa es convertir en ley el proyecto y, a renglón seguido, impulsar una ley complementaria para completar los vacíos que, a juicio de los diputados, tiene la media sanción del Senado. Pero, otra vez, nada garantiza que el Senado la pueda aprobar.

“El Senado votó un proyecto sólo pensando en anotarse una victoria contra el Gobierno que no resuelve el problema del Indec y sólo demora las soluciones”, enfatizó el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur), quien advirtió que la iniciativa nada establece sobre la remoción inmediata de la actual intervención, a cargo de Moreno.

Con información de La Nación

La oposición aprobó un dictamen de mayoría en que se permite la unión civil pero no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se protege la adopción de menores.

Pese a las fuertes presiones ejercidas por la Casa Rosada, el kirchnerismo fracasó ayer en su intento por imponer dictamen de mayoría al proyecto de ley de matrimonio homosexual. La oposición a la iniciativa reunió nueve firmas en la Comisión de Legislación General, sobre un total de 15 miembros, y obligará así al Senado a votar primero el rechazo del texto aprobado por la Cámara de Diputados cuando el tema se discuta el próximo miércoles en el recinto.

Protección a los menores de edad

Los mismos nueve senadores firmaron un dictamen paralelo que incorpora en el Código Civil la figura de la unión civil, que reconoce a las parejas, no sólo las homosexuales, derechos hoy inherentes al matrimonio, pero bloquea el camino a la adopción y al uso de mecanismos de fertilización. Esta iniciativa sería sometida a votación si la Cámara alta rechaza el matrimonio homosexual. Si esto ocurriera, el Congreso no podrá volver a discutir la boda gay hasta el 1° de marzo próximo.

La reunión de comisión fue breve, pero cargada de tensión y con algunos gestos de intolerancia. Así, varias militantes de organizaciones católicas y de defensa de la familia increparon al senador Luis Juez (Frente Cívico-Córdoba) por haber apoyado el dictamen de respaldo a la boda gay.

Confianza del oficialismo

El fracaso no amilanó al oficialismo, que ayer se mostraba confiado en sancionar la ley. “Tranquilos, esto lo damos vuelta en el recinto”, le dijo el jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto (Río Negro) a los dirigentes de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

Para lograr ese objetivo, Pichetto y el Poder Ejecutivo tendrán que redoblar su presión sobre los legisladores oficialistas que rechazan el matrimonio homosexual, que son varios. La tarea no es sencilla, ya que tendrán que obligar a varios senadores a cambiar el sentido de su voto o ausentarse en la sesión prevista para el miércoles próximo.

Los votos en contra

La clave para el resultado registrado ayer en la comisión fue la firma del oficialista Rolando Bermejo (Mendoza), que no cedió a los pedidos del oficialismo y mantuvo su rechazo a la iniciativa. En tanto, el jujeño Guillermo Jenefes firmó “en disidencia total” el dictamen que respalda la boda gay. Lo hizo en acuerdo con su bancada, ya que rechaza la posibilidad de que los homosexuales puedan contraer matrimonio.

Hubo lugar para sorpresas en la breve reunión celebrada ayer en la Cámara alta: el cambio de postura de la rionegrina María José Bongiorno (Frente Grande), que había adelantado su voto positivo por el matrimonio gay y fue la novena firma del dictamen de mayoría.

Además de Bermejo y Bongiorno, rechazaron la boda homosexual los peronistas disidentes Sonia Escudero (Salta) y Liliana Negre de Alonso (San Luis), presidenta de la comisión; la oficialista Adriana Bortolozzi (Formosa), y los radicales Ramón Mestre (Córdoba), Mario Cimadevilla (Chubut), José Cano (Tucumán) y José Roldán (Corrientes).

Los que dieron el sí al matrimonio gay

El dictamen de minoría, por otra parte, contó con las rúbricas de Luis Juez (Frente Cívico-Córdoba) y de los oficialistas Jenefes, Nicolás Fernández (Santa Cruz), Marcelo Fuentes (Neuquén), Pedro Guastavino (Entre Ríos) y Liliana Fellner (Jujuy). Esta última senadora reemplazó en la comisión al tucumano Sergio Mansilla, obligado a renunciar por la conducción de su bloque, por su oposición al proyecto.

El proyecto

El dictamen que se aprobó, que reemplaza el proyecto del matrimonio homosexual,  tiene cerca de 50 artículos y crea la figura de la unión civil. Establece para los integrantes de la pareja el deber de fijar residencia común y del sostenimiento del hogar y derechos como los de disponer sobre las exequias y la donación de órganos de uno de sus miembros, el resarcimiento por daños y la declaración de bienes como bien de familia. También otorga derechos previsionales, el reconocimiento de la obra social y de asignación familiar.

Sin embargo, prohíbe de manera taxativa el derecho a la adopción y a la fertilización in vitro.

Marchas contra el casamiento gay

Sectores religiosos impulsan una convocatoria al Congreso para el martes próximo, un día antes de que en el Senado sea tratado el proyecto de ley sobre matrimonio homosexual. Con fuerte apoyo de obispos y de pastores evangélicos, también habrá manifestaciones en las principales ciudades del interior del país. En las últimas semanas se reiteraron estas marchas contra el proyecto.

Los próximos pasos

El miércoles de la otra semana, los senadores debatirán en el recinto el matrimonio gay. En primer término se votará el dictamen de mayoría, que rechaza el proyecto de ley. Si se aprueba ese dictamen, se intentará tratar a continuación la unión civil.

Si se rechaza el dictamen de mayoría, se votará el de minoría en favor del matrimonio homosexual.

En el caso de resultar negativa la votación para el dictamen de mayoría y ganara luego la votación el proyecto en favor del matrimonio gay, sin modificaciones, éste será ley.

Si se rechaza el matrimonio homosexual y se aprueba luego la unión civil, esta última iniciativa deberá ser tratada en la Cámara de Diputados como un nuevo proyecto de ley.

Con información de La Nación

Legisladores opositores piden frenar la licitación y el Senado aprobó pedido de informes al gobernador sobre la ejecución de la obra.

Hermes Binner decidió insistir con la licitación pese a que el gobierno nacional dictaminó que no se puede desafectar el muelle del puerto para usos no portuarios como la construcción del centro cultural.

El pedido fue presentado por la totalidad de los legisladores del bloque de la oposición justicialista, que tiene amplia mayoría en la cámara alta, como para sacar rápidamente un pedido de informes. En tanto, la oposición justicialista también embistió en la Cámara de Diputados, donde un grupo de legisladores directamente pidió que se suspenda la licitación hasta que se aclaren algunos puntos centrales.

La avanzada opositora se dio en el marco de un cambio de discurso del gobierno provincial, donde ayer el propio gobernador dejó de lado la minimización del dictamen contrario de la Subsecretaría de Vías Navegables sobre el uso del principal muelle que tiene el puerto de Rosario y pidió “flexibilidad” de sus negociaciones.

En la Casa Gris, que tiene firme intención de avanzar con el Puerto de la Música, ya iniciaron contactos con la cartera nacional para tratar de lograr un entendimiento que destrabe el conflicto.

Las explicaciones que solicita la Cámara de Senadores son:

1. Si el Ministerio de la Producción ha realizado un estudio del impacto económico que representa la perdida de actividad portuaria en la zona destinada al proyecto, hasta tanto se construya una nueva dársena.

2. Fundamentos por los cuales, a pesar de la negativa del Gobierno Nacional a la utilización del área portuaria para otros fines no relacionados con dicha actividad, el Poder Ejecutivo ha decidido realizar la licitación para la construcción del citado complejo.

3. Si se ha realizado una licitación o concurso para la realización del proyecto arquitectónico, el cual fuera adjudicado al Arq. Niemeyer, y si además se ha dado intervención a los Colegios de Arquitectos de la Provincia. Caso contrario cual fue la base y/o estudio para la determinación de los honorarios

4. Evaluación del costo del reclamo que la futura adjudicataria podría interponer ante el Gobierno Provincial en el caso de que las actuales objeciones queden firmes y la obra no pueda realizarse.

En los fundamentos, los senadores peronistas dicen: que “vemos con preocupación que a través de la prensa, Gobierno Nacional, Gobierno Provincial, el Administrador del Enapro (designado por el Poder Ejecutivo Provincial) y legisladores oficialistas cruzan declaraciones dispares respecto del controvertido proyecto “Puerto de la Música” que el Gobernador pretende realizar en Rosario, para lo cual ya se realizará el llamado a licitación pública, a pesar de no contar con la posesión legal del terreno donde se debe construir”.

Suspensión

En lo que respecta al pedido de los presidentes de bloques del justicialismo y del Partido del Progreso Social en Diputados, ambos opositores, señalan que “sería de buen tino suspender toda operación que involucre la puesta en marcha de la anunciada licitación para la construcción de la primera parte del Puerto de la Música, anunciada el domingo pasado con gran profusión publicitaria por parte del gobierno provincial en medios de la ciudad de Rosario, hasta tanto se aclaren todos los puntos que planteamos en este pedido de informes”.

La situación del puerto

“La autoridad portuaria nacional no se ha expedido, los cuestionamientos sobre el gasto, la oportunidad y la funcionalidad de la obra son notorios y aún adentro de los equipos del gobernador Binner hay diferencias de criterios sobre la desafectación de los terrenos portuarios, porque sería dable que se pongan en suspenso los términos del concurso público anunciado el 20 de junio” expresan Jorge Lagna, Alejandra Vucasovich, Mario Lacava, Oscar Urruty y Rosario Cristiani.

En los fundamentos de la presentación, que también está firmada por el diputado Alberto Monti, los legisladores indican que “desde el comienzo mismo de su gestión, el gobernador Hermes Binner ha planteado como la obra emblemática de su gestión al emprendimiento del Puerto de la Música de la ciudad de Rosario, un auditorio para 2.500 personas cuyo diseño corrió por cuenta del centenario arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, quien en un principio, tras un viaje del primer mandatario a Brasil acompañado por el asesor “offshore” del gobierno santafesino Mario Corea Aiello, dijo que donaba sus honorarios y después se supo que había cobrado, a través de su estudio una suma superior a los siete millones de pesos que fueron desafectados de la Unidad Penitenciaria de Piñero y la Alcaidía de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe”.

Con información de Punto Biz

Por iniciativa del bloque del Partido Justicialista se logró la sanción definitiva a los cambios en la norma que traslada a la órbita del gobierno provincial la potestad para permitir la instalación de hipermercados y megamercados en forma provisoria.

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe dio sanción definitiva, por iniciativa del bloque del Partido Justicialista, a un proyecto de ley, originado en la Cámara de Diputados por los legisladores peronistas Mario Lacava y Silvina Frana, a través del cual se deroga un artículo de la Ley 12.069 de Grandes Superficies Comerciales y que traslada a la órbita del gobierno provincial la potestad para permitir la instalación de hipermercados y megamercados en forma provisoria, a los efectos de evitar numerosos conflictos que se dieron en los últimos tiempos.

El artículo de referencia decía que “hasta tanto los Consejos Asesores Regionales, indicadas en el artículo 24, construyan los planes territoriales de equipamientos, los Municipios y Comunas estarán facultados a permitir únicamente la instalación de tantos establecimientos considerados como Grandes Superficies Comerciales como permita el resultado de aplicar el veinticinco por ciento (25%) de la superficie de exposición y ventas sobre la totalidad del mercado relevante correspondiente a todos los establecimientos indicados en el artículo 2 inciso d) instalados, al que se sumará la correspondiente al propuesto instalar” lo que había generado situaciones problemáticas por posibles interpretaciones de la norma que ya no tiene mas vigencia.

“Estas interpretaciones, sumadas a falencias en la reglamentación de la ley, como así también las demoras en las integraciones de los Consejos Asesores Regionales, condujeron a que virtualmente todos los límites establecidos en la norma no se aplicaran” expresaban en los fundamentos los autores del proyecto de ley.

“La sanción de este proyecto no agota toda la problemática del tema pero mediante el mismo se pretende dar un corte a esta situación en la que se encuentra la aplicación de esta norma provincial con alcances tan importantes para el desenvolvimiento del comercio en las distintas ciudades de nuestra provincia” señalan los autores de la norma.

Con información de El Litoral